La Delegación Río Grande del Poder Legislativo recibió a los integrantes del Comité Contra la Tortura (Ley provincial Nº 857) donde analizaron el habeas corpus presentado ante el Poder Judicial respecto a la sobrepoblación en unidades carcelarias. También delinearon las medidas que ordenó la Justicia sobre el particular y definieron un cronograma de inspección mensual mínima en las distintas unidades de detención de Tierra del Fuego.
Asi lo hizo saber el titular de ese espacio, legislador Pablo Villegas (MPF) quien informó además que dieron tratamiento -en el orden del día- a la tramitación de la campaña de vacunación y de DNI; sobremedicación de personas privadas de la libertad en centros de detención de la Provincia y a concreción del taller de mediación sobre resolución de conflictos, entre otros.
Villegas recordó el habeas corpus colectivo correctivo que presentó ese organismo ante el Poder Judicial. El trámite judicial hace foco en la sobrepoblación en la alcaidía capitalina, “sobre el marco procesal actual, cuáles son las medidas que se han ordenado al respecto” y acordaron un cronograma de trabajo de inspección mensual mínima “a las distintas unidades penitenciarias”, señaló.
También abordaron la participación del organismo en la reunión del Consejo Federal en Santa Fe y cuestiones que hacen a la función del Comité en Tierra del Fuego, sostuvo.
En tanto, el referente de las organizaciones de Derechos Humanos, José Pineiro coincidió en la preocupación que plantearon ante el Poder Judicial respecto a la sobrepoblación carcelaria “en la alcaidía de Ushuaia” y la necesidad de reformar la Ley que nos rige para dotar al Comité de otras herramientas y lograr una “mejor intervención en la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad”, dijo.
Pineiro apuntó sobre la preservación de la salud de los internos “y de la salud mental, temas centrales que se trataron” en la reunión que se concretó en la ciudad norte.
Del encuentro asistieron también el legislador Raúl Von Der Thusen (SF) y de forma remota la referente de ONG de DDHH, María Florencia Villareal y el representante del Poder Judicial, Dr. Jesús González Saber y, por parte del Ejecutivo, la Dra. Karina Justiniano.
